El Gobierno federal desestimó el informe Contra la Desaparición Forzada de la ONU, aunque este problema es una de las mayores tragedias de nuestro país.
“Mientras el Estado duerme, nosotras buscamos con el corazón en la mano”.
Maricela Peralta Martínez, del colectivo Proyecto de Búsqueda.
La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (LGD) fue publicada en noviembre de 2017 y entró en vigor en enero de 2018; a la fecha lleva más de ocho años que se implementó.
El reciente informe de organismos internacionales sobre derechos humanos (Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada) contradice la narrativa oficial sobre uno de los dramas más lacerantes, abominables, abusivos, ilegales, inmorales e insoportables que vive la sociedad mexicana, pues no sólo afecta a las víctimas, a sus familias y al entorno social, rasgando su tejido y manteniendo el temor y el horror en comunidades completas; también incide en los comportamientos sociales, creando sociedades inseguras y con mucho miedo.
La parte oficial, el Ejecutivo federal, ha optado por desestimar las recomendaciones y el propio informe, como si con ello se pudiera ocultar la triste realidad que vive México. De esta manera se desatienden obligaciones inherentes al Estado mexicano y se dificultan las aclaraciones necesarias y la resolución de los problemas, ocultando la verdad o maquillando las cifras, se agravan las situaciones, se pierde la confianza y la esperanza de encontrar respuestas y soluciones al enorme problema de las desapariciones, que podrían equivaler a crímenes de lesa humanidad.
La peor crisis humanitaria sufrida en México se está perpetrando al contar con 133 mil desaparecidos, 4 mil 500 fosas clandestinas encontradas y con más de 70 mil restos sin identificar. Estas escandalosas cifras hablan por sí mismas, de la magnitud del problema y en no pocos casos de la complicidad e impunidad de autoridades para que estos sucesos ocurran.
Si bien es cierto que esto viene ocurriendo desde hace más de 30 años, también es cierto que con el Gobierno de la 4T lejos de disminuir, las desapariciones han aumentado, sobre todo en los últimos tres años, según cifras oficiales, y con mayor incidencia en la población menor a 35 años.
Es urgente poner remedio, pero en lugar de fortalecer los comités de búsqueda, autorizando recursos económicos, tecnológicos y profesionales, los están disminuyendo, mostrando la abulia y apatía que tiene el Gobierno federal para contribuir a generar confianza en la sociedad y darle un mejor futuro a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.