Políticos de Morena han sido señalados por Estados Unidos por tener vínculos con el crimen organizado; sin embargo, el Gobierno mexicano sigue sin investigarlos ni actuar en contra de ellos.
Son los narcopolíticos extraditables de Morena y gobiernan los estados agobiados por la inseguridad, por sus nexos con el crimen organizado.
Rubén Rocha, gobernador escondido de Sinaloa; Américo Villarreal, de Tamaulipas; Marina del Pilar, en Baja California; Rocío Nahle, en Veracruz; Ricardo Mejía, diputado federal plurinominal por Morena-PT; y David Monreal, gobernador de Zacatecas.
Sus historias y su promoción en la política se lo deben al expresidente Andrés Manuel López Obrador. A una de ellas, Marina del Pilar, ya le quitaron la visa; y a las y los demás aún no porque no han cruzado la frontera.
Terrance Cole, titular de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), afirmó que su gobierno irá por los narcopolíticos, porque no hay voluntad del Gobierno mexicano por enviarlos o, al menos, abrir carpetas de investigación por las pruebas de que protegen a grupos de la delincuencia organizada.
Como ejemplo, circula en redes sociales, el video donde un grupo de miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) amenaza al gobernador de Zacatecas, David Monreal, de asesinar a más gente por haber roto el acuerdo que tenían. “Nosotros cumplimos a tiempo. Usted, señor gobernador, no ha cumplido el acuerdo”, dice el líder de la banda.
En tanto, Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, trató de arreglar con agentes del FBI su posición como testigo, según el audio que circuló en medios de comunicación. Luego de que le retiraran su visa, la gobernadora argumentó que sí hubo reunión, pero ella nunca supo si era un agente del FBI o de algún otro departamento estadounidense.
Rubén Rocha pidió licencia y se encuentra escondido, después de que Estados Unidos lo involucró en el secuestro del Mayo Zambada, quien recibió cadena perpetua y fue entregado en Estados Unidos por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán.
Ricardo Mejía, diputado federal plurinominal por Morena-Partido del Trabajo, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República, acusado de ser uno de los principales rostros del narcopoder.
El diputado local panista Gerardo Aguado lo responsabilizó del fracaso de la estrategia de seguridad durante su paso como subsecretario federal de Seguridad. En su tiempo como funcionario federal en el sexenio de López Obrador, más de 200 mil ciudadanos fueron asesinados y crecieron delitos que aún agobian, como la extorsión, el secuestro y el huachicol fiscal.
Sobre este último delito que ha crecido de manera exponencial, dos gobernadores morenistas han sido señalados como sus promotores: Rocío Nahle en Veracruz y Américo Villarreal en Tamaulipas.
Las investigaciones en Estados Unidos ubican a esos mandatarios como los narcopolíticos que han sido incluidos en el apartado de seguridad, dentro de las negociaciones comerciales.
Conforme pasa el tiempo, su situación es insostenible, por más que el Gobierno mexicano pide pruebas a Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump reitera que serán capturados, con el perjuicio político que eso representa para la marca Morena.