Por Carlos Arredondo
La reforma electoral anticipada por el régimen morenista será, casi con toda seguridad, una propuesta de regresión a los peores momentos del autoritarismo a la mexicana.
“Para todo mal, reforma electoral. Y para todo bien… también”, expone con tino un viejo chiste del ámbito comicial. Y hay razón en la conseja, pues, a contracorriente de lo planteado en su momento por el expresidente Ernesto Zedillo, no existe tal cosa como “la reforma electoral definitiva”.
Y esto es así porque las reglas con las cuales funciona nuestro modelo de organización social son siempre perfectibles y su perfeccionamiento debe ser, siempre también, una aspiración nuclear de quienes vivimos en democracia. Y aunque parezca obvio e innecesario, es preciso decirlo: el término “perfeccionamiento” debe entenderse en el sentido idealizado del término.
¿Cuál es éste? El determinado por la vocación de construir reglas merced a las cuales los ciudadanos podamos ejercer a plenitud el derecho a votar y ser votados… pero en serio.
Por desgracia no es esa la vocación de las élites políticas del país… y eventualmente del mundo. La tentación del despotismo está permanentemente ahí, acechando, y eso empuja, a quienes tienen la posibilidad transitoria de ejercer el poder, a ceder ante sus pulsiones más primitivas; es decir, a sentirse monarcas y esperar de los demás un comportamiento de vasallos… porque así está dictado desde las alturas celestiales.
No exageran por ello quienes alzan la voz, desde ya, ante la iniciativa del Gobierno de la República de construir una propuesta de reforma electoral cuya discusión se anticipa como el platillo central del debate público de 2026. Y no exageran porque la plutocracia morenista ha demostrado sobradamente su vocación por el despotismo.
Además, el mayor signo de alarma está constituido por la figura a la cual han recurrido para conducir los esfuerzos gubernamentales en la materia: el otrora “demócrata” Pablo Gómez Álvarez.
Heredero indigno de uno de los episodios más relevantes de la vida moderna del país –el movimiento estudiantil del 68–, Gómez ha transitado, de ser un defensor progresista de las virtudes democráticas, a cancerbero de las peores pulsiones autoritarias. Hoy, está claro desde hace buen tiempo, su principal obsesión es la retención del poder a cualquier costo.
A partir de estos elementos es posible anticipar –con poco margen de error– el tipo de reforma por el cual se inclinará el equipo gobernante: una cuyos elementos e instrumentos les permitan a ellos retener el poder de manera indefinida y, al mismo tiempo, reducir –idealmente exterminar– a la disidencia.
Los postulados de tal propuesta están ya sobre la mesa: reducir el dinero público destinado a financiar la vida partidista, eliminar la representación proporcional –los famosos “pluris”– y devolverle al Gobierno el control del sistema electoral.
No se trata de un planteamiento nuevo, sino de la reedición del más viejo de los sueños húmedos de los déspotas: tener el poder absoluto. Habremos de prepararnos para resistir la intentona.