¿Qué pasa cuando una obra que promete crecimiento, empleos y riqueza pone en riesgo ecosistemas que tardaron miles de años en formarse?

Los gobiernos mexicanos han defendido los megaproyectos de infraestructura como motores del desarrollo económico, la generación de empleos y la modernización del país. Sin embargo, detrás de los discursos oficiales también existe una realidad marcada por denuncias ambientales, amparos judiciales, comunidades desplazadas y ecosistemas afectados que han llevado a diversos sectores de la sociedad a cuestionar si el costo ambiental de estas obras es demasiado alto.

Solo tres de los megaproyectos impulsados durante los sexenios de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum (2018-2026) fueron cancelados debido principalmente a la presión social de la ciudadanía que se unió a protestar contra los ecocidios que pudieron ser; y no se diga sobre las acusaciones de corrupción e irregularidades en contratos…

¿Hasta dónde puede llegar el desarrollo cuando implica modificar ecosistemas que tardaron miles de años en formarse?

El megaproyecto turístico Perfect Day, de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo, fue fuertemente criticado y frenado por el Gobierno federal en mayo de 2026 tras una masiva presión civil. Científicos, colectivos ambientalistas como Greenpeace México y organizaciones locales lo catalogaron como una seria amenaza ecológica debido a la amenaza directa al Sistema Arrecifal Mesoamericano —el segundo más grande del mundo—, y a la destrucción de ecosistemas costeros protegidos.

El parque, que intentó clasificar el manglar local como “vegetación secundaria” para evadir las leyes mexicanas que los protegen, planeaba la llegada masiva de megacruceros (con capacidad para desembarcar hasta 21 mil turistas diarios), lo que provocaría el encallamiento accidental de naves, contaminación por combustibles y remoción de sedimentos que asfixian el coral. También, se quería inyectar miles de metros cúbicos de aguas residuales al poroso subsuelo kárstico, arriesgando la salud del arrecife, las lagunas costeras y los sitios de anidación de tortugas marinas. Incluso, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) clausuró a principios de este año obras iniciales por realizar excavaciones y demoliciones que no contaban con permisos ambientales autorizados.

En el caso de la Cervecera Constellation Brands en Mexicali, Baja California, el principal foco de crítica de la comunidad científica y los colectivos ciudadanos fue la vulnerabilidad hídrica extrema de la región. El proyecto fue cancelado tras una consulta popular en 2020 y la presión de los defensores del agua.

La cervecera pretendía consumir hasta 20 millones de metros cúbicos de agua anuales en su fase máxima. Esto significaba agotar de forma acelerada las reservas del acuífero local, el cual ya se encontraba catalogado en estado de sobreexplotación por la Conagua. Los agricultores locales denunciaron que esto provocaría el abandono de miles de hectáreas de cultivo de alimentos, destruyendo el tejido social campesino y convirtiendo un recurso vital para la vida en una mercancía de exportación (agua virtual) hacia Estados Unidos. Además, se denunció que el Gobierno de Mexicali priorizó los intereses comerciales de una multinacional sobre el derecho constitucional a la salud y al acceso al agua de la población.

El Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, Estado de México, planeado para ser el principal centro de conexiones aéreas de América Latina, fue catalogado por científicos del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra como un ecocidio urbano de escala histórica. A finales de 2018 se canceló este proyecto pese a los avances significativos que se registraron.

El antiguo lecho del Lago de Texcoco es la zona más baja de la Cuenca de México y funciona como el amortiguador hídrico natural del Valle de México, por lo que científicos e ingenieros hidráulicos advirtieron que pavimentar y rellenar más de 4 mil hectáreas con millones de toneladas de material eliminaba la capacidad de absorción del suelo. Esto incrementaba exponencialmente el riesgo de inundaciones masivas en los municipios altamente poblados de la zona oriente (como Ecatepec, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl), al no tener el agua de lluvia un lugar natural a dónde llegar.

Activistas denunciaron el dinamitado e irreversible desmantelamiento de montañas completas, lo que provocó la pérdida de bosques locales, la destrucción de recargas de acuíferos serranos y una crisis de contaminación por polvo tóxico en los pueblos rurales vecinos y se demostró que el ruido de los aviones, las obras y la desecación planificada de los cuerpos de agua destruían el hábitat de más de 200 mil aves migratorias que viajan anualmente desde Canadá y Estados Unidos.

Actualmente, los megaproyectos más importantes del sexenio anterior continúan operando o en expansión. Entre ellos destacan el Tren Maya —el más controversial—, la Refinería Dos Bocas y el Corredor Interoceánico. Organizaciones ambientalistas, científicos, comunidades indígenas y colectivos ciudadanos aún siguen denunciando y luchando por las afectaciones a los ecosistemas.

Al menos 11 megaproyectos con conflictos socioambientales activos siguen en pie. Entre los más polémicos se encuentran Saguaro Energía en Puerto Libertad, Sonora, por posibles afectaciones a ballenas en el Golfo de California; el Gasoducto Sierra Madre en Chihuahua y Sonora, por impactos forestales y cercanía con áreas protegidas; y el ingreso de megacruceros a Bahía de Loreto, Baja California Sur, rechazado por riesgos para la ballena azul.

También enfrentan oposición una central de gas de la CFE en Los Cabos, Baja California Sur; una planta de amoníaco en la Bahía de Ohuira, Topolobampo, Sinaloa; proyectos relacionados con fracking en la Huasteca Potosina, San Luis Potosí, desarrollos urbanos en La Pona, Aguascalientes, y el Parque Ecológico Xochitla en el Estado de México, así como presiones inmobiliarias en Playa Las Cocinas en Nayarit.

Otros casos incluyen amenazas a la biodiversidad en la Cueva Oztuyehualco en Morelos y el proyecto minero Esperanza Silver, que actualmente enfrenta una suspensión judicial.

La pregunta sigue siendo la misma: ¿hasta dónde puede llegar el desarrollo cuando implica modificar ecosistemas que tardaron miles de años en formarse?

Mientras las locomotoras del Tren Maya recorren la Península de Yucatán y nuevos proyectos continúan anunciándose en distintas regiones del país, también crece la exigencia de que el desarrollo no se construya a costa de los recursos naturales. Porque cuando un bosque desaparece, un acuífero se contamina o una especie pierde su hábitat, las consecuencias pueden durar décadas. Y esas facturas ambientales, tarde o temprano, terminan siendo pagadas por toda la sociedad.