Lo verdaderamente preocupante es que México parezca tan poco interesado en investigara los funcionarios señalador por narco y corrupción.
La soberanía nacional se ha convertido en uno de los conceptos más flexibles del discurso oficial. Cuando se trata de negociar con Estados Unidos temas comerciales, migratorios o de seguridad, todo es cooperación y entendimiento. Pero cuando las autoridades estadounidenses investigan a gobernadores de Morena por presuntos vínculos con el crimen organizado, entonces aparece la indignación patriótica y las acusaciones de “injerencia extranjera”.
El caso más visible es el de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de presuntos nexos con la facción de Los Chapitos. A él se suman reportes sobre investigaciones que alcanzarían a otros mandatarios morenistas, como Alfonso Durazo y Américo Villarreal.
Lo llamativo no es que otro país investigue. Lo verdaderamente preocupante es que México parezca tan poco interesado en hacerlo. Si las acusaciones son falsas, las autoridades mexicanas deberían ser las primeras en demostrarlo. Y si son ciertas, deberían ser las primeras en actuar.
Sin embargo, la reacción ha sido la de siempre: cerrar filas, desacreditar a quien señala y presentar cualquier cuestionamiento como un ataque político. La soberanía se utiliza entonces no como una defensa de las instituciones nacionales, sino como un escudo para proteger a los cercanos al poder.
La realidad es incómoda: la mayor amenaza para la soberanía mexicana no proviene de expedientes redactados en inglés. Proviene de un Estado que parece dispuesto a investigar a cualquiera… excepto a los suyos.