Se debe reconocer la urgencia social que dio origen a los anexos y ponerlos en manos de gente preparada, bajo un marco legal claro y humano.
Los llamados anexos o centros de internamiento para personas con problemas de adicciones son una discusión a la que pocos le entran y nadie atiende, ya que, durante años, estos espacios han operado en un limbo legal. Y es que surgen como respuesta a la falta de servicios públicos suficientes para aliviar la desesperación en la que familiares de adictos se sumergen. Desafortunadamente, operan sin supervisión, sin estándares claros y, en demasiados casos, sin respeto a los derechos humanos.
Aunque regular no significa cerrarlos, ni se pretende criminalizar a quienes buscan ayudar, es importante establecer las reglas mínimas de operación, que protejan la dignidad, la salud y la vida de las personas internadas. Los testimonios de malos tratos, encierros forzados, castigos físicos y condiciones insalubres evidencian que la ausencia de la supervisión de autoridades de todo tipo, principalmente de salud, ya que, al no contar con la regulación, se traduce en abuso.
La pregunta es ¿para quién va el chiricuazo? Porque a nadie, incluyendo a sus familiares, les preocupa ni les ha ocupado exigir personal capacitado, protocolos médicos, transparencia en los ingresos y egresos, y mecanismos de denuncia accesibles para internos y familias.
Se debe reconocer la urgencia social que dio origen a los anexos, ponerlos en manos de gente preparada y transformar su funcionamiento bajo un marco legal claro, humano y supervisado. Regular es asumir responsabilidad, aceptar que la rehabilitación no puede basarse en el castigo ni en el abandono, sino en la atención profesional, el acompañamiento y el respeto a los derechos fundamentales; solo así dejaremos de normalizar lo inaceptable.
