En diversas partes del mundo han abierto las puertas a posibles restricciones sobre el uso de estas plataformas digitales para la protección de los jóvenes, y nuestro país se encamina a regularlas.
Las redes sociales se han convertido en una extensión del cuerpo humano y ya es casi imposible vivir sin ellas. Prácticamente nacemos conectados comenzando a utilizarlas a muy temprana edad, lo que ha generado problemas.
En México, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México especifica que la niñez y la adolescencia tiene derecho al acceso y uso seguro del internet, pero no existe una regulación sobre los peligros a los que están expuestos.
De acuerdo con datos recientes de UNICEF, el 50 por ciento de los niños entre 6 y 11 años son usuarios activos de las redes sociales, una cifra que se dispara de manera contundente en el grupo de los 12 a 17 años, donde entre el 80 y el 94 por ciento utiliza internet o una computadora habitualmente.
Sin embargo, el INEGI reportó que el 81 por ciento aprendió a utilizar las redes sin supervisión, lo que ocasiona que el 25 por ciento de los adolescentes entre 12 y 17 años hayan vivido ciberacoso.
El Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) reveló que el promedio de conexión a internet para menores es de aproximadamente 4.4 horas diarias, siendo YouTube, WhatsApp, TikTok y Facebook las más populares.
¿Qué han hecho otros países?
El impacto de las redes sociales en la salud mental ha comenzado a transformar las leyes en diversos países para obtener restricciones en el acceso de los menores a plataformas digitales.
Australia ha marcado un hito histórico al convertirse en el primer país en prohibir formalmente el uso de redes sociales a menores de 16 años, argumentando la necesidad de proteger a los jóvenes de algoritmos diseñados para la adicción y el ciberacoso.
Indonesia ha bloqueado el acceso a más de 70 millones de menores, mientras que Malasia e India preparan legislaciones que incluyen la verificación obligatoria de identidad y el combate a los deepfakes.
En Europa, Francia podría ser el segundo país a nivel mundial en limitar el acceso a redes sociales, a partir de los 15 años, mientras que en España sería hasta los 16, incluyendo restricciones al uso de Inteligencia Artificial comercial sin consentimiento.
Por su parte, Alemania propuso la prohibición del acceso a menores de 14 años y en caso de que se incumplan las reglas se aplicarían severas multas.
Grecia estipuló que para el 2027, habrá una prohibición del uso de redes sociales para menores de 15 años, debido a que ocasionan trastornos de sueño y detonan la ansiedad. Otros países como Dinamarca, Noruega y Eslovenia afinan sus propias regulaciones donde tienen como prioridad establecer límites más estrictos y controlar el uso a los menores.
De este lado del planeta, entró una ley en Brasil, que obliga a los menores de 16 años a vincular sus perfiles con un responsable legal, así como una exigencia a las diversas plataformas la eliminación de contenidos de explotación o violencia.
El precedente en Estados Unidos
Una sentencia del pasado 25 de marzo, condenó a Google y Meta a indemnizar con tres millones de dólares a una joven por la adicción a sus plataformas.
El caso de Los Ángeles se centró en los daños sufridos por una joven que se volvió adicta durante su infancia.
La sentencia puede hacer que otros países puedan regular y proteger a los usuarios.
México inicia su propia ruta regulatoria
En medio de esta ola internacional, el Gobierno de México ha confirmado que ya evalúa límites estrictos. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció que, tras un periodo de consultas, en junio de 2026 se presentarán propuestas concretas.
Mientras que, en el congreso de la Ciudad de México, la diputada local del PAN, Laura Álvarez, presentó una iniciativa para restringir el uso de redes sociales entre niñas, niños y adolescentes menores de 16 años, como parte de una reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La propuesta plantea que las autoridades atiendan, dentro de sus competencias, los casos en los que menores resulten afectados por el uso de plataformas digitales.
La voluntad de los gobiernos para enfrentarse podría marcar un cambio en las redes sociales en favor de los menores de edad.
