La disputa del territorio por grupos criminales en Chiapas amenaza a las comunidades zapatistas que durante décadas demostraron que era posible construir un autogobierno.
Cada 9 de agosto, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas invita a reconocer la riqueza cultural, las lenguas y los sistemas de organización de las comunidades originarias. Sin embargo, en México, esa conmemoración encuentra un contraste cada vez más evidente: la violencia que se ha expandido por distintas regiones del país amenaza con borrar formas alternativas de organización comunitaria. En Chiapas, uno de los ejemplos más reconocidos de autonomía indígena enfrenta una transformación sin precedentes, obligada por el avance del crimen organizado.
Las comunidades zapatistas, integradas principalmente por pueblos mayas como los tzeltales, tzotziles, choles, tojolabales y mames, construyeron durante años un modelo basado en el autogobierno, la justicia comunitaria, la educación y la salud administradas por los propios habitantes. Desde el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, el movimiento impulsó una visión distinta del desarrollo, centrada en la defensa del territorio, la autonomía indígena y la organización colectiva, convirtiéndose en una referencia internacional sobre formas alternativas de convivencia y gobierno.
Ese proyecto alcanzó su consolidación en 2003 con la creación de los Caracoles zapatistas y las Juntas de Buen Gobierno, estructuras que coordinaron durante dos décadas la vida política y social de las comunidades sin depender de instituciones gubernamentales o partidos políticos. No obstante, el deterioro de la seguridad en Chiapas ha modificado profundamente esa realidad.
La creciente presencia del crimen organizado ha cambiado por completo la vida cotidiana. Desde 2021, la disputa entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el control de la frontera con Guatemala convirtió municipios como Frontera Comalapa, Chicomuselo, Motozintla, Amatenango y La Trinitaria en escenarios de enfrentamientos armados, bloqueos carreteros, desplazamientos forzados y suspensión de actividades económicas y escolares.
La región, clave para las rutas del tráfico de personas, armas y drogas, pasó de ser un territorio de organización comunitaria a uno marcado por el miedo y la incertidumbre. Desde 2023, el EZLN inició una reestructuración que implicó el cierre al público de los antiguos Centros de Resistencia Autónoma y Rebeldía Zapatista (CRAREZ), la desaparición de las Juntas de Buen Gobierno y la reorganización territorial mediante comunidades más pequeñas y el concepto de “tierras del común”.
Aunque el movimiento sostiene que estos cambios buscan preservar su autonomía frente al contexto de violencia, la reorganización refleja el impacto que la disputa entre grupos del crimen organizado ha tenido incluso en regiones que durante años permanecieron relativamente aisladas de ese fenómeno. La transformación no significa únicamente un ajuste administrativo, sino la pérdida gradual de una experiencia de autogobierno indígena que por décadas demostró la posibilidad de construir instituciones propias desde las comunidades.
Hoy, más allá de la conmemoración internacional, el caso de Chiapas evidencia que México no solo enfrenta un problema de seguridad, sino también el riesgo de perder parte de su diversidad política, social y cultural. El futuro del zapatismo permanece incierto, mientras la violencia obliga a modificar un modelo que durante más de veinte años simbolizó una manera distinta de vivir, gobernarse y preservar la identidad de los pueblos originarios.
“Nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos. Moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida. Para todos la luz. Para todos todo. Para nosotros el dolor y la angustia, para nosotros la alegre rebeldía, para nosotros el futuro negado, para nosotros la dignidad insurrecta. Para nosotros nada”.
Cuarta Declaración de la Selva Lacandona 1996.
