El Modelo Coahuila de Seguridad mantiene bajos los índices delictivos y permite el desarrollo, la inversión y la calidad de vida.
Hablar de seguridad pública en México implica abordar uno de los principales desafíos del Estado. Durante las últimas décadas, distintas regiones han enfrentado problemas como homicidios, extorsión, tráfico de drogas y armas, delincuencia organizada y violencia, afectando la tranquilidad de las familias y el desarrollo económico.
En este contexto, Coahuila representa un caso relevante, debido a la construcción de una política de seguridad basada en la continuidad institucional, fortalecimiento policial, coordinación entre los tres órdenes de gobierno, cooperación con las Fuerzas Armadas, inversión, inteligencia y control territorial. Esta estrategia ha continuado durante la administración del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien ha colocado la seguridad como una de las principales prioridades de su gobierno.
El llamado Modelo Coahuila de Seguridad no debe entenderse como resultado de una sola administración, sino como la construcción institucional de varios años. Uno de sus principales elementos es la continuidad: en materia de seguridad, los gobiernos deben conservar las estrategias que funcionan, perfeccionarlas y adaptarlas a las nuevas amenazas.
Los resultados son consecuencia de un proceso construido en varias administraciones, manteniendo estrategias eficaces, perfeccionando otras e incorporando nuevas.
Otro componente importante es el fortalecimiento de la infraestructura, mediante cuarteles, arcos de seguridad y puntos estratégicos de vigilancia. Estas instalaciones permiten aumentar la presencia institucional, mejorar la capacidad de respuesta y fortalecer el control de los accesos y límites territoriales del estado.
La coordinación institucional constituye otro pilar fundamental. Las policías municipales, estatales, la Fiscalía, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas poseen capacidades diferentes que pueden complementarse mediante el intercambio de información y la realización de operativos conjuntos. Para Coahuila, esta coordinación es especialmente importante por su ubicación geográfica y sus fronteras con otras entidades y con Estados Unidos.
La seguridad también requiere presupuesto e inversión. Las corporaciones necesitan patrullas, tecnología, sistemas de comunicación, capacitación, infraestructura y mejores condiciones laborales. Sin embargo, invertir en seguridad no significa solamente comprar equipo, sino también profesionalizar a los elementos policiales, fortalecer sus capacidades y generar instituciones confiables para la ciudadanía.
Un indicador indispensable es la percepción ciudadana. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi permite conocer cómo perciben los habitantes la seguridad en sus ciudades. En junio de 2024, ciudades como Piedras Negras, Saltillo y Torreón presentaron niveles de percepción de inseguridad inferiores al promedio nacional, lo que muestra condiciones comparativamente favorables.
La seguridad también tiene una relación directa con el desarrollo económico. Un estado seguro facilita la inversión, genera mejores condiciones para conservar empleos, reduce costos relacionados con vigilancia y transporte y permite que las empresas desarrollen sus actividades con mayor confianza. Por ello, la seguridad puede convertirse en una ventaja competitiva para Coahuila.
Asimismo, debido a la naturaleza transnacional de la delincuencia organizada, resulta importante fortalecer la cooperación internacional, especialmente con autoridades de Estados Unidos, para combatir fenómenos relacionados con tráfico de drogas, armas, dinero y personas.
Sin embargo, cualquier política de seguridad debe desarrollarse dentro del marco constitucional y de los derechos humanos. La seguridad y la legalidad no son objetivos contradictorios. El debido proceso, las detenciones legales y el uso proporcional de la fuerza fortalecen la legitimidad de las instituciones.
A pesar de los avances, el trabajo no está terminado. Existen nuevos desafíos como violencia familiar, narcomenudeo, extorsión, ciberdelitos, fraudes digitales y delitos sexuales. Además, las organizaciones criminales pueden modificar sus estrategias y buscar nuevos territorios.
Por ello, el principal riesgo sería bajar la guardia. Los resultados favorables requieren continuidad, evaluación y actualización permanente.
En conclusión, el Modelo Coahuila puede entenderse como la combinación de continuidad institucional, liderazgo político, inversión, profesionalización policial, infraestructura, inteligencia, control territorial, coordinación entre autoridades, cooperación con las Fuerzas Armadas, colaboración internacional y respeto a los derechos humanos.
La experiencia de Coahuila demuestra que la seguridad no se construye de un día para otro. Requiere tiempo, recursos, coordinación y voluntad política. Su principal desafío consiste ahora en mantener y fortalecer las condiciones que permitan a las familias vivir tranquilas, a las empresas invertir y a los ciudadanos utilizar los espacios públicos con confianza.
La paz no se decreta: se construye. La seguridad no se improvisa: se planea, se coordina y se mantiene todos los días.
