Los cambios se suceden uno tras otro a lo largo de 50 años, pero aún continúan problemas de raíz que afectan los procesos para elegir a los representantes populares.

En la historia reciente de las reformas electorales, la sociedad mexicana y no pocos pensadores lúcidos han tratado de contribuir para hacer de México un país más democrático, plural y de consensos políticos que permitan mejores condiciones de competitividad, atendiendo el mosaico político e ideológico que compone la nación pluricultural, pluriclasista y pluriétnica. Después de cada proceso electoral se tratan de corregir deficiencias y ausencias, sin renunciar el titular del Ejecutivo en turno en imprimir su propia impronta para conservar el poder.

México ha sido centralista, aparentemente ceñido por un pacto federal, pero con una subordinación al Ejecutivo federal por parte de los otros dos poderes —Legislativo y Judicial—, así como las entidades federativas.

Baste decir que hasta 1989 logró “llegar” un gobernador de oposición, después de 60 años de la fundación del Partido Nacional Revolucionario (PNR), partido abuelito del PRI en 1929. El Partido Comunista Mexicano (PCM) fue fundado en 1919, con intervalos inciertos en la participación electoral, unas veces proscrito y perseguido en la clandestinidad; otras con participación abierta y legal. El Partido Acción Nacional (PAN) fue fundado en 1939, y desde entonces han aparecido otros partidos nacionales y locales, a ratos fungiendo como satélites y comparsas del partido en el poder.

El poder hegemónico y la democracia en México se vieron fuertemente cuestionados con las movilizaciones históricas de 1968, precedidas de movilizaciones de maestr@s , doctor@s y ferrocarrileros. La demanda central era mejores salarios, participación democrática y eliminar la exclusión social. 

A partir de 1976 se manifestó una crisis en el sistema. En la candidatura del PRI no hubo oposición, ya que no se inscribió ningún otro candidato; no apareció en la boleta electoral otro nombre por quién votar. Esto marcó nuevas pautas y dio lugar a la Reforma Electoral de 1977, que señala una nueva etapa en los procesos electorales, animaba la prioridad de quitar el control de las masas por el partido hegemónico, que con el corporativismo de los sectores obrero, campesino y popular aseguraba los triunfos electorales. Además que desde el Gobierno vigilaban los comicios a través de las Comisiones Electorales que obedecían al Poder Ejecutivo.

La gran Reforma de 1996 marca otro hito en la historia electoral, aunque el Instituto Federal Electoral (IFE) se había creado en 1992, este seguía dependiendo de la Secretaría de Gobernación (Segob). En la Reforma del 96, la principal demanda consistió en que el Gobierno sacara las manos de los órganos electorales. Se buscó un consejo general más ciudadano.

La Reforma Electoral de 2014 fue una modificación constitucional que transformó al IFE en el Instituto Nacional Electoral (INE), centralizando funciones para estandarizar las elecciones federales y locales; estableció el umbral de votación para partidos del 3 por ciento, fortaleció la fiscalización, la equidad y el derecho ciudadano de postularse sin partido, se incorporó la reelección legislativa y municipal y la posibilidad de la consulta popular.

A casi 50 años de la Reforma, trascendental en materia de elecciones, los cambios se suceden uno tras otro, sin lograr disipar la niebla de los fraudes y favoritismos de que adolecen los procesos, pues se siguen judicializando. No se logra ir a la raíz del problema: la monetización del voto, la comercialización de las conciencias, las clientelas, el corporativismo, los hábitos fraudulentos e ilegales. Erradicarlos no depende de más y mejores artículos, de leyes secundarias y complementarias; requiere de educación, de fomentar la conciencia y participación democrática, de civismo, moral y ética; así como de erradicar la corrupción, la violencia y la impunidad.

Los fraudes no son males endémicos, se implantan, se prohíjan. La preocupación central es cómo el Gobierno se mantiene en el poder.