Mientras una gobernadora emanada del PAN enfrenta una investigación tras un operativo en el que habrían participado agentes de la CIA, una mandataria de Morena continúa en funciones pese a filtraciones que la involucrarían con autoridades estadounidenses.
En la política mexicana, la percepción suele avanzar más rápido que las investigaciones. Los casos de las gobernadoras de Chihuahua y Baja California se han convertido en un ejemplo de cómo dos situaciones distintas pueden alimentar un mismo debate, pero también de cómo la respuesta del Gobierno de México puede ser diametralmente opuesta .
En Chihuahua, la gobernadora Maru Campos acaparó los reflectores tras darse a conocer el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la sierra del Pinal, considerado uno de los mayores golpes recientes contra el crimen organizado.
Sin embargo, lo que parecía un motivo de reconocimiento dio un giro inesperado cuando se filtró información que señalaba que, además de las fuerzas estatales, en el operativo habrían participado agentes estadounidenses de la CIA, presuntamente con autorización del Gobierno de Chihuahua. Lo que pudo haberse presentado como un éxito en materia de seguridad terminó convirtiéndose en un problema político para el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que pudo haberse vulnerado la soberanía nacional.
Como consecuencia, la Fiscalía General de la República inició una investigación y giró un citatorio, lo que abrió nuevamente el debate sobre el trato que reciben distintos actores políticos frente a situaciones similares.
La comparación inevitable es con Baja California. Hace algunos meses, la gobernadora Marina del Pilar Ávila y su entonces esposo perdieron sus visas estadounidenses. En el caso de él, trascendió que la revocación estaría relacionada con presuntos vínculos con el narcotráfico. Respecto a la mandataria, hasta ahora las autoridades estadounidenses no han informado oficialmente las razones de esa decisión, pero coincide con la difusión de unos audios en los que presuntamente se escucha a la gobernadora conversando y compartiendo información con quienes serían agentes del FBI, lo que alimentó las versiones de que mantenía comunicación con autoridades estadounidenses. Esas revelaciones generaron nuevos cuestionamientos y reavivaron el debate sobre los límites de la colaboración con agencias extranjeras y el respeto a la soberanía nacional.
A simple vista, pareciera que el Gobierno federal ha asumido posturas distintas. Mientras una gobernadora emanada del PAN enfrenta una investigación tras un operativo que derivó en el aseguramiento de uno de los mayores narcolaboratorios del país, una mandataria de Morena continúa desempeñando sus funciones pese a los cuestionamientos derivados de la revocación de su visa y de las filtraciones que la involucran en presuntos contactos con autoridades estadounidenses.
Más allá de las simpatías partidistas, la exigencia debería ser la misma para todos: investigaciones imparciales, transparencia y aplicación uniforme de la ley. Porque cuando la justicia parece medir con varas distintas, lo que termina en entredicho no es únicamente un gobierno o un partido, sino la credibilidad de las instituciones. Y eso, en cualquier democracia, resulta mucho más grave.
Y eso que de Rubén Rocha Moya todavía no hablamos.
