Por Carlos Arredondo

La Constitución sigue señalando la existencia del derecho de acceso a la información y promete mecanismos para garantizarlo, pero en los hechos este derecho se ha venido diluyendo, y más ahora con la desaparición del INAI y otros organismos autónomos.

Digámoslo pronto: la transparencia o, más propiamente dicho, el derecho de acceso a la información pública, nunca logró convertirse en un elemento relevante para la toma de decisiones de la mayoría de los mexicanos. Acostumbrados –y, en gran medida, afectos– al voluntarismo gubernamental, la legislación de la materia fue, durante sus poco más de 23 años de existencia, una suerte de exotismo cultural.

Hubo buenas razones para ello. La fundamental es el incumplimiento de la principal promesa con la cual se nos vendió la idea, en el más o menos lejano año 2001, cuando los académicos, periodistas y miembros de la sociedad civil, integrados en el Grupo Oaxaca, presentaron al Congreso de la Unión la iniciativa de la cual surgió la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental: serviría para combatir eficazmente la corrupción.

La ecuación era simple y fácil de exponer: los servidores públicos mexicanos eran corruptos porque su actividad se realizaba en las sombras; en cuanto el haz de la transparencia iluminara su espacio habrían de inhibirse por vergüenza a la condena social y también, desde luego, por temor al castigo derivado de la exhibición de sus desvíos.

Quienes diseñaron la norma e idealizaron los efectos de su puesta en práctica cometieron un grave error de cálculo: no contaron con la reserva de cinismo de quienes, desde las oficinas públicas, resistieron no una, sino tres reformas constitucionales mediante la cuales se “reforzaron”, de manera incremental, los mecanismos de la transparencia.

Al final, como dicen los expertos en administración, la cultura se comió a la estrategia en el desayuno. Los cínicos ganaron la guerra. La corrupción nunca se replegó y hoy sigue gozando de cabal salud.

El 20 de diciembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se reformó la Constitución para eliminar el órgano creado para garantizar el acceso a la información. Tres meses después, el 21 de marzo de este año, se decretó la exención del INAI.

La Constitución sigue señalando la existencia del derecho de acceso a la información y promete el establecimiento de “mecanismos de acceso a la información pública y procedimientos de revisión expeditos”. En los hechos, sin embargo, tal derecho se ha venido diluyendo y, en el servicio público, prácticamente nadie considera necesario, hoy, atender las solicitudes de acceso a la información formuladas por la ciudadanía.

Coahuila no escapa al fenómeno y nos encontramos en el proceso de desaparición del ICAI. Muy probablemente, de acuerdo con la información conocida, el Instituto no sobrevivirá al mes de junio.

¿Alguien extrañará la existencia de este derecho? Algunos pocos; aquellos para quienes llegó a ser una herramienta importante. El resto, la inmensa mayoría, quizá ya lo ha olvidado a estas alturas. Nadie se llame a sorpresa ante las indeseables consecuencias derivadas de este episodio y cuyos efectos comenzaremos a padecer muy pronto.