Por Dra. Ludivina Leija
La transparencia debe ser una práctica constante que fortalezca la democracia y la confianza ciudadana y no una promesa.
A finales de 2024, México experimentó cambios significativos en su política de transparencia. El 20 de diciembre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional que eliminó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), transfiriendo sus funciones a la recién creada Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, específicamente al órgano denominado Transparencia para el Pueblo.
Esta reestructuración ha generado preocupación entre la población y organizaciones, quienes advierten posibles retrocesos en el acceso a la información pública y la rendición de cuentas. La desaparición del INAI, un organismo autónomo que garantizaba el derecho a la información, podría debilitar los mecanismos de vigilancia ciudadana sobre el gobierno.
En paralelo, México cayó al puesto 140 de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024, peor posición histórica, reflejando la persistencia de prácticas opacas, por lo que se debe fortalecer a las instituciones encargadas de combatir la corrupción.
Este nuevo modelo busca simplificar la administración, aumentar la transparencia al pueblo, con la finalidad de garantizar la independencia y eficacia de los órganos encargados de esta labor. La transparencia debe ser una práctica constante que fortalezca la democracia y la confianza ciudadana y no una promesa.
