Algunos exalcaldes y exalcaldesas que no ganaron la reelección incumplieron con el proceso de entrega-recepción con las nuevas administraciones municipales, un acto que busca ocultar los múltiples señalamientos de presunta corrupción. Pese al desorden y la falta de transparencia en las finanzas, todavía no hay consecuencias legales para estos servidores públicos.

Aunque es obligación legal, exalcaldesas y exalcaldes dejaron un mugrero, todo tirado, sin que hasta la fecha sean llamados a cuentas y menos respondan al delito de corrupción y vayan a parar a la cárcel.

La figura legal llamada proceso entrega-recepción se la pasaron por el arco del triunfo, como decisión que alienta las acusaciones de presuntos desvíos de dinero público en delitos como el uso de empresas fantasma, existencia de aviadores, empresas favorecidas con obras asignadas sin licitación y la clásica existencia de familiares en la nómina.

El proceso entrega-recepción es el ordenamiento que da certeza y seguridad jurídica para el servidor público que entrega y el que recibe el cargo.

Sin embargo, lejos de acatar la disposición en la ley de cada uno de los 38 municipios, exalcaldesas y exalcaldes incumplieron sin sanción alguna y sin que el Congreso estatal intervenga para poner orden y castigar con cárcel a quienes se oponen a entregar cuentas a su sucesor o sucesora, en una muestra clara de esconder actos de corrupción.

Por ejemplo, en Múzquiz, Tania Flores se negó a entregar la administración a la nueva alcaldesa Laura Jiménez. Bajo graves señalamientos de corrupción por la presunta desviación de 100 millones de pesos y una vez que perdió la reelección en señal de rechazo ciudadano, la exalcaldesa de Morena, junto a tres de sus exfuncionarios entre ellos el tesorero, tramitó un amparo federal para no ser detenida en respuesta a denuncias penales ante la Fiscalía estatal.

La priista Laura Jiménez, conocida como “la Gachupina”, denunció hasta el cansancio que Tania siempre se negó a entregar la administración y no dejó huella del manejo de ingresos y de egresos.

Igual sucedió con otro exalcalde de Morena. Roberto Piña, en ciudad Frontera, citó en tres ocasiones al equipo de la actual alcaldesa priista, Sara Irma Pérez. Los hizo esperar por horas y nunca los recibió. El proceso de entrega-recepción brilló por su ausencia, Piña se esfumó de Frontera y se le ve en redes sociales a bordo de lujosas motocicletas; asimismo, se difundió la versión de que se fue a vivir a la Ciudad de México, donde ocupará un importante cargo en el Seguro Social.

Otro morenista que dejó un mugrero y sigue libre es Mario Alberto “Mayito” López, quien el 22 de noviembre del 2022 aventó billetes a los asistentes a su cumpleaños y luego repitió el acto el 7 de agosto del año pasado al regalar dólares durante la inauguración de la Astro Feria en San Juan de Sabinas.

El ridículo “Mayito” se resistió al proceso entrega-recepción, molesto porque los ciudadanos lo repudiaron en su intento de reelección y le dieron su apoyo al actual alcalde priista, Óscar Ríos.

Jonathan Ávalos es otro exalcalde morenista en Francisco I. Madero quien pidió licencia para abandonar el cargo y abandonó el barco para evitar el proceso entrega-recepción, ante innumerables señalamientos de corrupción con una deuda de 270 millones de pesos. El argumento que usó fue que la presidenta Claudia Sheinbaum le daría un importante cargo, y a la fecha sigue sin chamba y con graves señalamientos de corrupción.

También hay panistas como Mario Dávila en Monclova. Envuelto en escándalos personales y administrativos, el doctor Mario Dávila perdió estrepitosamente la reelección como alcalde de Monclova, solo obtuvo 13 mil votos contra más de 63 mil del actual presidente municipal priista, Carlos Villarreal.

Dávila se negó al proceso entrega-recepción, y hoy salen a la luz aviadores por todos lados y actos de corrupción sin castigar, como la venta de áreas municipales a particulares, empresas fantasmas y nepotismo.

Y en General Cepeda, otro panista, Pablo Salas, se negó a entregar la administración a la alcaldesa priista, Mayra Ramos. La edil denunció que le dejaron todo tirado, sin información financiera y todavía le pretenden imponer aumentos de sueldos a empleados que se identifican con Salas.

El proceso entrega-recepción significa orden, del que entrega y de quien recibe, pero el desorden –corrupción– se esconde detrás de evadirlo, sin que haya consecuencias legales que terminen con cárcel, aunque todos esos casos están vigentes de sancionar.