Se cumple una década del controversial acuerdo con el que Colombia puso fin a medio siglo de guerra.
El colombiano Juan Manuel Santos fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2016 por concretar una de las aspiraciones más anheladas por su nación: terminar una guerra que duró medio siglo y que costó la vida a 220 mil personas y desplazó a seis millones de colombianos, según cifras oficiales.
El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera no estuvo exento de críticas, pues en un plebiscito para avalarlo ganó el “No” al acuerdo con un 50.2 por ciento frente al 49.7 por ciento que respaldaba el cese al conflicto.
Los resultados no apuntaban a que la mitad de los votantes quisieran seguir en guerra, sino que no estaban de acuerdo con las condiciones.
El conflicto inició con un periodo conocido como La Violencia entre 1946 y 1948, cuando grupos liberales y conservadores se enfrentaron por el control de tierras; para poner fin al conflicto ambos grupos formaron el Frente Nacional.
Liberales y conservadores vencieron y acordaron turnarse la presidencia de Colombia, pacto que solo funcionó por 16 años, pues mientras el país avanzaba en las ciudades, las zonas rurales permanecían abandonadas por el Estado, ocasionando el surgimiento de autodefensas campesinas influidas por los ideales de la Revolución Cubana y el contexto de la Guerra Fría.
Las autodefensas comenzaron a agruparse hasta integrar las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), un grupo que ganó pronto popularidad entre aquellos colombianos que no se sentían representados por el acuerdo del Frente Nacional, el cual terminó desapareciendo.
Para la década de los ochenta, las FARC-EP empezaron a financiarse con secuestros, extorsiones, cobros de piso y el narcotráfico, también cometieron ataques terroristas. Estas actividades ilícitas encendieron alarmas entre la comunidad internacional, pues entre las víctimas había extranjeros. Las FARC-EP también tuvieron actividades en países vecinos, lo que provocó fuertes presiones al Gobierno de Colombia para combatir a la guerrilla.
La respuesta del Estado fue violenta, lejos de pacificar el país, lo envolvió en una guerra que se prolongó por años.
En la primera década de este siglo hubo intentos por poner fin al conflicto, pero las violencias tanto del Estado como de las FARC-EP siempre impedían avances.
Juan Manuel Santos retomó el diálogo como primera vía para alcanzar un acuerdo y fue así como se concretaron las primeras reuniones presenciales entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP en Cuba, país donde los representantes de la guerrilla consideraban que había garantías para su protección. Noruega también se convirtió en mediador junto con el Gobierno de Cuba y así se lograron los primeros acuerdos en medio siglo de guerra.
Estos acuerdos constaron de seis puntos: Reforma Rural Integral, la cual permitió a los ejidatarios tener acceso a tierras; Participación Política, que permitió que las FARC-EP se convirtieran en un partido; Fin del Conflicto, que canceló los procesos judiciales abiertos contra guerrilleros, a cambio estos entregan sus armas y el Estado se compromete a no perseguirlos más; Solución al Problema de Drogas, donde ambas partes se comprometen a erradicar cultivos de drogas y se replantea el combate al narcotráfico desde una perspectiva de salud, considerando a las personas adictas como enfermas y no como criminales; Atención a Víctimas, donde se consideró no solo a los ciudadanos, sino también a los guerrilleros que denunciaban abusos del Estado, lo que obligó a crear comisiones especiales para la atención integral de las víctimas del conflicto; y la Refrendación del Acuerdo, donde se estableció realizar un plebiscito.
El acuerdo dividió al país y los colombianos lo rechazaron por un cerrado margen en el plebiscito. Sin embargo, el Congreso lo aprobó y se firmó el 26 de septiembre de 2016. Los resultados comenzaron a verse pronto, la violencia en el país se redujo considerablemente, en 2017 no se reportaron víctimas por la guerra, los homicidios pasaron de más de 17 mil por año a 11 mil 373 en 2017, y la cifra de desplazados pasó de 272 mil personas a 75 mil. Miles de familias pudieron volver a sus lugares de origen tras años de conflicto.
Sin embargo, las heridas del conflicto han tardado en cerrar. Para muchos colombianos, el acuerdo fue un pacto de impunidad para guerrilleros, soldados, policías y funcionarios que cometieron crímenes de lesa humanidad.
El pasado 7 de agosto tomó posesión como presidente Abelardo de la Espriella, quien ha dado un giro radical al camino de paz trazado hace una década. En apenas unas semanas de gobierno ha lanzado una campaña contra las pandillas y cárteles del narcotráfico que, según especialistas, podrían causar el resurgimiento del conflicto.
Desde México, el contexto colombiano nos es familiar por las similitudes históricas, sociales y culturales. Nuestro país también ha padecido un conflicto en aras de la seguridad que ha costado miles de muertos, desaparecidos y desplazados. Sin embargo, los colombianos han demostrado al mundo que hacer a un lado las diferencias para pacificar a un país sí es posible, pero también que mantener esa frágil paz es una tarea muy compleja.
